La CSDDD establece una serie de obligaciones y requisitos para que las empresas operen de manera responsable, considerando tanto los derechos humanos como el medio ambiente. Esto afectará a miles de empresas dentro y fuera de la Unión Europea.
La Directiva establece obligaciones como contar con una política de diligencia debida, identificar y mitigar impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, establecer procedimientos de reclamación y comunicar públicamente sobre diligencia debida… Además, se exige la adaptación de un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París:
- Contar con una política de diligencia debida.
- Determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente.
- Prevenir y mitigar los posibles efectos negativos.
- Establecer y mantener un procedimiento de reclamación.
- Supervisar la eficacia de la estrategia y las medidas de diligencia debida.
- Comunicar públicamente sobre diligencia debida.
- Adaptar un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París y con el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 °C.
Esta normativa afectará a empresas de la Unión Europea, empresas de terceros países con actividades en la UE y, aunque de forma indirecta, a las pequeñas y medianas empresas como parte de la cadena de suministro.
Actualmente, se hace un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea en el Consejo para que agilicen la aprobación final, despejando el camino para que la ley entre en vigor. Tras su adopción, será fundamental transponer y aplicar eficazmente la norma y, en los próximos años, trabajar conjuntamente para subsanar las lagunas que obstaculizarán que desarrolle todo su potencial.
Impacto en empresas y cadenas de suministro
Según estimaciones, más de 5.000 empresas se verán afectadas por esta nueva normativa. En la Unión Europea, las grandes empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y más de 450 millones de facturación anual serán las primeras en tener que cumplir con los requisitos de la CSDDD, con una implementación gradual que se extenderá hasta 2029:
- 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y 1.500 millones de euros
- 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y 900 millones de euros.
- 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros.
Además, las empresas de terceros países con actividades en la UE estarán sujetas a la CSDDD, basándose principalmente en su facturación. Y las pequeñas y medianas empresas también se verán afectadas indirectamente ya que muchas de ellas forman parte de las cadenas de suministro de las grandes empresas sujetas a esta normativa.
Desafíos y oportunidades para las empresas
En el ámbito español, la implementación de la diligencia debida ha sido un desafío. Según análisis de memorias de sostenibilidad, aunque un porcentaje significativo de empresas en el IBEX 35 realiza procesos de diligencia debida (77%), hay áreas de mejora, especialmente en la divulgación de impactos en la cadena de suministro y en la adopción de medidas de reparación. Cabe destacar que cada vez más empresas españolas se comprometen con los derechos humanos, y la CSDDD ofrece una oportunidad para promover una cultura empresarial más ética y responsable.
Además, se establecen sanciones tanto a nivel administrativo como civil para garantizar su cumplimiento. Las autoridades supervisoras estarán encargadas de monitorear que se cumpla y podrán imponer multas basadas en el volumen de negocios neto mundial de las empresas que infrinjan las normas de hasta el 5%. Con la tecnología de Laragon ayudamos a las empresas a mantener altos estándares de responsabilidad corporativa y así evitar cualquier riesgo de sanciones relacionadas con la CSDDD.
