Bruselas ha consolidado su compromiso con la protección del medio ambiente al aprobar una serie de medidas que imponen penas de cárcel para aquellos que causen daño a los ecosistemas. La Unión Europea ha ampliado el alcance de los delitos ambientales, pasando de 9 a 20, abordando así las crecientes preocupaciones sobre la degradación medioambiental y el cambio climático.
La nueva directiva, que fue ratificada por el Consejo de la Unión Europea tras el visto bueno de la Eurocámara, representa un paso hacia una mayor responsabilidad ambiental en la región. Entre las nuevas infracciones se incluyen actividades como el tráfico de madera, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de buques y violaciones graves de la legislación sobre productos químicos.
Una de las disposiciones más destacadas de la nueva ley es la introducción de la cláusula de «delito cualificado«, que se aplica en casos donde el daño ambiental es el resultado de acciones intencionales. Esto busca asegurar que aquellos que deliberadamente causen daño ambiental sean responsabilizados de manera adecuada.
En lo que respecta a las sanciones, condenas podrían variar dependiendo de la duración, gravedad o reversibilidad del daño causado. Por ejemplo, los delitos cualificados podrían acarrear hasta ocho años de prisión, una pena que se elevaría a diez en caso de que se haya causado la muerte de alguna persona como resultado directo de la acción ambientalmente destructiva. Para otros delitos, las penas de cárcel podrían llegar hasta cinco años.
Además de las penas de prisión, los infractores también enfrentarán la obligación de restaurar el entorno dañado y pagar multas significativas. Para las empresas, estas multas podrían representar entre el 3% y el 5% de su facturación anual mundial, o montos fijos de hasta 24 o 40 millones de euros, dependiendo de la gravedad del delito.
La nueva directiva también insta a los Estados miembros a garantizar que las personas y empresas infractoras puedan ser objeto de medidas adicionales, como la obligación de restaurar el medio ambiente, la exclusión del acceso a la financiación pública, o la revocación de permisos y autorizaciones.
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